Con las citadas resoluciones la Ley General del Audiovisual establece un nuevo marco para la promoción de la alfabetización mediática. De un lado, señala que es obligación de los poderes públicos contribuir a ella -esto incluye a todos los poderes del Estado, autonómicos y locales: por tanto, a los sistemas educativos, culturales y cívicos en general-. Además, la Ley impone esta obligación también a los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual, es decir, operadores, productores, empresas e industria en general. De este modo, la competencia mediática de los ciudadanos deja de ser un asunto estrictamente privado (personal y familiar) para convertirse en materia esencial de la esfera pública.
