España inició el siglo XXI con un sistema televisivo sometido a una evidente dispersión legislativa, denunciado por infinidad de instancias por la baja calidad de los contenidos ofrecidos por las diversas ofertas televisivas, una televisión pública exageradamente endeudada y que relegaba los objetivos de servicio público a un papel secundario frente a la utilización partidista de los espacios informativos y un irregular desarrollo de las ofertas de televisión de pago. En 2005, el gobierno socialista ha asumido la mayor actualización legislativa coordinada en materia audiovisual.
Han pasado casi 50 años desde el inicio de las emisiones televisivas. Este cambio no afecta sólo al ámbito de la televisión pública sino que además lleva aparejada una transformación global del marco de leyes que contribuirá al desarrollo de la radiotelevisión digital que se impondrá tras el apagón analógico previsto para 2010. Los cambios se ven guiados por la convergencia tecnológica y también por la imperiosa necesidad de atajar ese gran lastre que ha significado tener que pensar hasta hace poco tiempo en una radiotelevisión del pasado. La televisión que ya deberíamos estar viviendo en presente continuo debe concebirse desde las potencialidades que abre la transformación digital y el desarrollo de estrategias multimedia.
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