El de la denuncia de los abusos oficiales es un derecho y un deber ciudadano, y constituye uno de los instrumentos con que se protege la democracia. Por esa misma razón es una práctica que debe defenderse contra el mal uso, que la desvaloriza y la hace perder toda su eficacia. En efecto, para que una denuncia sea eficaz, debe estar respaldada con pruebas suficientemente sólidas para convencer sobre su seriedad. Cuando el lector percibe una mala intención personal contra alguien, la denuncia pierde credibilidad ante sus ojos. Y si además de la inquina personal, la denuncia se presenta sin pruebas, puede ser objeto de rechazo y de acusación penal por calumnia. El periodista no puede considerarse autorizado por razón alguna para atentar contra el derecho que toda persona tiene –incluidos funcionarios y servidores públicos- al buen nombre y a la fama.
